El movimiento de objeción de conciencia e insumisión logró abolir el reclutamiento obligatorio, entre otras causas, porque consiguió abrir continuamente la agenda gubernamental durante treinta años de lucha sin cuartel. Abrir la agenda públicamente obligaba a las fuerzas políticas y al poder ejecutivo a adoptar posturas y decisiones que creaban nuevas oportunidades y posibilidades para las reivindicaciones, impidiendo el estancamiento de la acción colectiva. La modificación de las condiciones del conflicto no permitían satisfacer el objetivo principal, pero sí objetivos parciales cuya acumulación acabó imposibilitando la viabilidad de la conscripción. El caso de la objeción e insumisión constituye un verdadero paradigma para encuadrar la acción de los movimientos sociales, cuyos éxitos ante la democracia representativa están en relación directa con su capacidad para adoptar y adaptar estrategias conducentes a abrir la agenda y focalizar la atención política y gubernamental, reiterando y regenerando los elementos de conflicto, más que a la movilización de recursos.
El TEA contra la off-shore
El debate energético del archipiélago nos permite contemplar las diferencias en las estrategias ecologistas. Por un lado, la postura del TEA en Tenerife sostiene una oposición radical a la introducción del gas natural, para lo cual ha intentado abrir la agenda pública a través de mociones en los ayuntamientos. Por otro lado, la Federación Ben Magec en Gran Canaria ha planteado abrir la agenda proponiendo el sistema off-shore como una alternativa al desarrollo portuario y a la instalación de una central regasificadora en Arinaga a 500 metros de la población. El mismo planteamiento de regasificación en el mar existe en Tenerife para restar argumentos a la construcción del puerto y central de Granadilla, cuyo informe de impacto no contemplaba ninguna alternativa técnica.
Tras la moción aprobada en algunos ayuntamientos, empezando por La Orotava donde ATI sorprendentemente la apoyó y salió por unanimidad, la estrategia del TEA se ha empeñado en rechazar la alternativa off-shore a través de pronunciamientos públicos. No se puede ocultar que la capacidad del TEA para abrir la agenda gubernamental a través de mociones municipales que plantean directamente el objetivo final de impedir la introducción del gas natural ha sido nula y está estancada, pues depende de la fuerza y presencia de los partidos que la han apoyado y estos son muy minoritarios -tienen representación en 6 de los 67 municipios isleños, siempre en la oposición.
En cambio, la toma de posición de los ayuntamientos de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes contra la planta regasificadora de Arinaga basándose en la alternativa técnica off-shore, ha supuesto un acuerdo firme que está consiguiendo abrirse paso en la esfera pública, al haber obtenido pleno apoyo desde los grupos de gobierno de estas corporaciones. Sin embargo, el TEA critica que si los ecologistas se suman a este frente, eso es entregarse al “capitalismo salvaje”, a Nueva Canarias y, en definitiva, a GASCAN al aceptar que se introduzca el gas natural, que se empleará en un 98% en las centrales de ciclo combinado de Unelco-Endesa de Tirajana y Granadilla.
Este empeño del TEA resulta sorprendente tras la experiencia del tendido de alta tensión de Vilaflor. En efecto, el TEA apoyó y participó directamente en reuniones a puerta cerrada con alcaldes y concejales de Coalición Canaria y el PSOE de los municipios de Arona, San Miguel, Vilaflor y Granadilla, con el fin de que el tendido de alta tensión no atravesara ni los espacios naturales ni las medianías del Sur de Tenerife. La alternativa de consenso para evitar el impacto fue pasar las torres de alta tensión paralelamente a la autopista. Con ello, el TEA logró abrir la agenda gubernamental y bloquear la pretensión de tender la línea por las medianías. Sin embargo, en relación con la postura cerrada que ahora plantea contra la alternativa off-shore, el TEA no puede negar que aquella salida negociada no supuso ni la abolición de los intereses de Unelco-Endesa (los cables van de la Central de Granadilla a la de Chayofa), de la patronal turística, de los constructores desarrollistas del Sur que necesitaban electricidad (como Polanco en el complejo Abama), ni tampoco un avance en la introducción de energías renovables. Además, desde el punto de vista ecologista, el nuevo trazado planteaba algunos problemas de contaminación electromagnética por la cercanía a la autopista y a los núcleos poblados aledaños. Quienes participamos activamente en este movimiento no consideramos que la solución pactada supusiera entregarnos a Unelco-Endesa, ni al “capitalismo salvaje”, ni por supuesto, a Coalición Canaria, con cuyos alcaldes mantuvimos una entente cordiale a pesar de nuestras notables diferencias ideológicas y estratégicas. Simplemente, nos pareció más conveniente para el interés general una solución parcial, pues estábamos en la tesitura de perderlo todo y ver frustradas las expectativas de las asambleas ciudadanas.
Los proyectos de puertos y centrales regasificadoras suponen, en Granadilla y Arinaga, una tesitura idéntica. El movimiento de oposición es masivo, con presencia no sólo ecologista sino también vecinal y de otros colectivos sociales y organizaciones políticas. La presión del movimiento motiva lógicamente el interés de las corporaciones en cuyo territorio se ubican estos proyectos, como principales y más directas receptoras de las demandas ciudadanas, algo que es independiente del partido que gobierne como ocurrió también con Vilaflor y las medianías en Tenerife. Las presiones de las autoridades y consorcios portuarios y lobbyes de construcción y comercio interesados en construir a toda costa estas infraestructuras se centran actualmente en la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, último recurso del ecologismo para impedir que se inicien las obras. En este contexto concreto se produce el posicionamiento favorable a la off-shore de los ayuntamientos y de algunas organizaciones de oposición, ya que en los informes de impacto ambiental no se contemplan alternativas técnicas a estas infraestructuras y la regasificación directa desde el buque a la central de ciclo combinado podría evitar tanto la construcción de diques portuarios como de la propia central.
Entonces, la pregunta es cui prodest?, ¿a quién beneficia y a quién perjudica el TEA con su empeño en situar en la agenda pública objetivos máximos desvinculados del contexto concreto en el que se desenvuelve la lucha contra estas infraestructuras, ofreciendo argumentos que dividen al movimiento de oposición y sirven a quienes desean “demostrar” ante la Unión Europea que no hay ninguna alternativa a la construcción de las mismas? ¿Por qué el TEA no aplica a esta situación su experiencia en la lucha por Vilaflor y por las medianías, cuyas implicaciones ecológicas y políticas fueron desde luego más contradictorias que las que se plantean en la actualidad?
El TEA y los molinos
El TEA propone de forma maximalista que se introduzcan las energías renovables y se rechace el gas natural, e incluye en ese rechazo cualquier planteamiento que intente reducir el impacto de las infraestructuras relacionadas con esta forma de energía. La postura del TEA parece implicar que las energías renovables se sitúan fuera del “capitalismo salvaje”, en tanto que la off-shore se presenta como una expresión del sistema, de los sinvergüenzas y de los “mono-amigos”, entre los que estaríamos quienes no vemos ninguna alternativa sin abrir la agenda gubernamental buscando con urgencia un consenso capaz de paralizar las obras, toda vez que la decisión de la Comisión de Medio Ambiente es inminente. “Mono-amigos” serían también quienes han propuesto la alternativa, compatible con la off-shore, de desarrollar el puerto de Santa Cruz y no construir el de Granadilla.
El TEA ignora el negocio que está comenzando en torno a las renovables, sobre todo la eólica, que hoy está en el punto de mira del “capitalismo salvaje” y da lugar a casos de corrupción como el detectado en el concurso del parque eólico de Arinaga, que actualmente estudia la fiscalía con reparto de comisiones incluido. ¿Es esto lo que defiende el TEA?
En los últimos años, los avances tecnológicos en el diseño de los aerogeneradores han permitido reducir la amortización de la adquisición e instalación de las molinetas a cinco años, situándolo dentro del margen de beneficio capitalista (la fotovoltaica requiere todavía unos diez años de amortización, haciéndola todavía poco atractiva para el negocio privado). En medio de una crisis del sector de la construcción, los empresarios tinerfeños y grancanarios han desatado una creciente presión sobre los poderes públicos para entrar en este mercado, ya que temen por un lado que la mayor experiencia existente en el sector eólico de otras comunidades autónomas permita a empresas externas ganar los concursos en Canarias, y por otro deben enfrentarse al abuso de posición dominante de Unelco-Endesa, que después de haber bloqueado el desarrollo de las energías renovables en los últimos veinte años se apresta a encauzar este mercado ahora que es rentable según sus propios intereses, desplazando a sus competidores (recuerden el “caso Vigara”, por el que Unelco se hizo con el parque eólico de Fuencaliente gracias a la prevaricación). Sin embargo, las implicaciones de este negocio también incluyen un cambio en los usos del territorio que debería alarmarnos. Grandes extensiones de suelo en el Sur de Tenerife y Gran Canaria están cambiando de propietarios, adquiridos con fondos RIC, con destino a albergar molinetas si los estudios de potencial eólico dan resultados satisfactorios. Por esa razón, desde que Luis Soria sacó a concurso 347 MW de potencia eólica, se han presentado ¡en menos de un año! solicitudes equivalentes a la instalación de unos 5.000 MW, que es el límite máximo de explotación eólica que tienen las islas, según el ITER.
¿Se han vuelto ecologistas los empresarios de la construcción? No, ocurre que conforme avanza la merma de resultados económicos de los constructores está aumentando el nerviosismo por hacerse sitio en los concursos eólicos, frente a las empresas peninsulares, frente a otros competidores isleños y frente a la posición dominante de Unelco-Endesa. En la agitación “salvaje” se ven arrastradas las administraciones locales y autonómica y la especulación del suelo, porque los empresarios han decidido plantar molinetas en lugar de edificios. Con ser nueva y paradójica esta situación, también están siendo arrastrados aquellos ecologistas que no entienden qué está pasando y mantienen sus posturas desfasadas procedentes de una etapa anterior en la que la energía eólica era una alternativa de interés general contra los intereses privados debido a que no era rentable y sólo podía desarrollarse con inversión pública, mientras que los interesados en hacer negocio con los combustibles fósiles (CEPSA y Unelco-Endesa) maniobraban para que la instalación de energías eólicas no les restase mercado.
El TEA está defendiendo las renovables con una actitud ciega ante estos cambios en el “capitalismo salvaje” de nuestro archipiélago. Quienes nos opusimos al impacto de las torretas de Unelco en los espacios naturales, estamos alarmados por la posibilidad cierta de que un descontrol administrativo sujeto a presiones de estos grupos empresariales siembre de molinos el paisaje con el fin de entrar en el negocio eléctrico. El impacto ecológico de una instalación irracional de la energía eólica puede ser brutal, al menos tan rechazable desde un punto de vista ecologista como el de las emisiones de CO2 de las centrales de ciclo combinado de gas natural, cuya reducción a corto plazo está más determinada por el uso de motores eléctricos mixtos en el mercado y parque automovilístico que por el bloqueo de las centrales de gas natural. La postura del TEA no sólo peca por exceso al coincidir contra la alternativa off-shore con quienes quieren construir puertos y regasificadoras, sino también por defecto por no entender que estos mismos capitalistas están ejerciendo presiones descomunales para obtener licencias de explotación eólica, volcados en la especulación del suelo en las zonas de viento de las islas, sin ningún criterio ecológico respecto al impacto de una implantación desmedida e irracional de esta tecnología. En definitiva, el TEA haría bien en realizar menos descalificaciones y analizar mejor el equilibrio de la balanza de verdades y mentiras en el actual mercado energético isleño y sus consecuencias ambientales, no sea que los argumentos “infantiles y bobos” acaben siendo los suyos, dicho sea con todo el cariño de un compañero de lucha.
