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De "lamentable derrota para la libertad de expresión" ha calificado un portavoz de Izquierda Unida la deplorable forma en la que ha concluido el caso de José Manuel Castellano Gil, periodista, escritor y técnico superior del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife. Castellano fue objeto de un expediente laboral que estuvo a punto de costarle el despido, por artículos publicados en la prensa local. Sin embargo, aunque los tribunales habían anulado el expediente abierto en su contra mientras duraba el litigio laboral, la plaza que él ocupaba fue sacada a concurso. José Manuel Castellano consideró que no contaba con garantías

garantías de objetividad, y no se presentó al mismo. Por ello, pese a que los tribunales le han dado la razón, Castellano ha perdido definitivamente su puesto de trabajo.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la organización de IUC en Tenerife expresó que había pedido al Defensor del Pueblo su intervención para impedir una sanción laboral provocada por una actividad extralaboral, algo que a su juicio no debería tener cabida en un Estado de Derecho. Asimismo, esa formación política solicitó del Defensor del Pueblo su intervención para poner fin a la persecución que sufría Castellano. El Defensor del Pueblo respondió a IUC que, al tratarse de una cuestión laboral, no estaba en su ámbito de actuación.

Según Izquierda Unida, antes de la apertura del expediente laboral que han cerrado los tribunales, el 24 de febrero de 2003, el Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife había dictado la sentencia que establecía que "se había producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad moral" de Castellano y se condenó al Organismo Autónomo a pagar sendas indemnizaciones, por daños psíquicos y morales al trabajador. Sin embargo, la sentencia no era firme, al hallarse recurrida, y se diluyó con la evolución posterior del caso. Al final, la escasa protección legal ha creado una situación en la que un trabajador pierde su empleo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.