Hijo

El Consejo de Ministros autorizó la cesión al ejército marroquí de ocho juegos de lanzadores de bombas de fragmentación, también conocidas como bombas racimo, mediante un acuerdo que el propio Ejecutivo enmarca en el objetivo de "fortalecer la colaboración entre los dos países y la especial relación de hermandad existente entre sus respectivas Fuerzas Armadas”. Esta decisión del ejecutivo Zapatero coincide con la vuelta del embajador marroquí a Madrid, después de que éste fuera llamado a consultas por la visita del monarca español a las ciudades de Ceuta y Melilla, por lo que ha sido interpretada por los saharauis como “el precio que tienen que pagar”, por el restablecimiento de las buenas relaciones entre Marruecos y el Estado español.

   El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes la cesión, por el precio simbólico de un euro, de ocho juegos de lanzadores de bombas de aviación a Marruecos, mediante un acuerdo que el propio Ejecutivo enmarca en el objetivo de "fortalecer la colaboración entre los dos países y la especial relación de hermandad existente" entre sus respectivas Fuerzas Armadas.

      Según indicó el Gobierno refiriéndose al Consejo de Ministros, el material que se cederá, del que no especifica el modelo concreto, está valorado en 86.848 euros y ya ha sido sustituido por sistemas más modernos.

      Esta decisión del ejecutivo Zapatero coincide con la vuelta del embajador marroquí a Madrid, después

después de que éste fuera llamado a consultas por la visita del monarca español a las ciudades de Ceuta y Melilla. A este respecto, Gonzalo Moure, de Escritores por el Sahara, ha manifestado que “los saharauis veían venir” que tendrían que “pagar un precio por la vuelta del embajador marroquí.

Ya en febrero del pasado año 2007 el gobierno saharaui denunciaba que el gobierno español estaba colaborando en el rearme del ejército de la monarquía aluita. Canarias-semanal se hacía eco entonces de esta noticia, después de que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero firmase con Marruecos un macro contrato por valor de más de doscientos millones de euros, por el cual España se comprometía a transferir a ese país norteafricano 1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras para la vigilancia de costas. Esta operación equivalía, aproximadamente, a la mitad de las exportaciones de armamento realizadas por España en el curso del último año y ponía de manifiesto -según las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui- su decisión de favorecer la política marroquí de represión en los territorios ocupados.

En esta ocasión el gobierno español ha cedido al ejército marroquí lanzadores para bombas de fragmentación, también conocidas como bombas de racimo, que al estar sobre una altura concreta se abren dejando caer cientos de sub-municiones o bombetas de diversos tipos, de alto explosivo, antipersona, perforantes, incendiarias, etc. Esta decisión gubernamental se produce poco después de que Marruecos y el Polisario hayan mantenido su tercera ronda de contactos para intentar alcanzar una solución para el futuro del territorio, en la que el país ocupante continuó negándose a permitir la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara. En este contexto, el gesto del ejecutivo socialista, rearmando nuevamente a las fuerzas de ocupación de Marruecos, ha provocado nuevas protestas e indignación entre los saharauis.