¿Canarias está en transición? Se percibe con claridad la decadencia institucional y política de los principales actores emergidos de aquella Transición de los años 70. En las islas se extiende como nunca antes la percepción de que la ausencia de respuestas adecuadas a las demandas sociales más sentidas, sean necesidades o valores, no depende sólo de qué partido gobierna, sino trae causa de una determinada estructura de dominación que está por encima de las convocatorias electorales y atribuye funciones iguales a distintos partidos que participan en una relación de dependencia burocrática dentro de una trama de influencias políticas, empresariales y mediáticas ajenas al interés general y opacas a la democracia.
En este contexto cabe que nos preguntemos por los objetivos de la confluencia en "el archipiélago de las alternativas"
(ver artículo del mismo título en esta sección)
una vez que ese mapa político se ha clarificado y todas las organizaciones admiten o debaten ya, ahora sí, la necesidad de confluir. ¿Una simple suma electoral? ¿Una reproducción del electoralismo bajo etiquetas altisonantes? ¿Quién quiere entrar en las instituciones y para qué? ¿Un grupo de "personalidades"? ¿Con qué garantías? ¿Qué es más probable: que las personas cambien las instituciones o que las instituciones cambien a las personas? ¿Cómo se sortean estos riesgos?
Unas 120.000 personas recorrieron la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife la mañana del sábado 23 de noviembre, convocadas por el Movimiento Ciudadano Toda la Isla Es Vilaflor, para oponerse al tendido eléctrico de alta tensión que la multinacional Unelco-Endesa pretendía atravesar por la corona forestal de la isla. Poco más de dos años después, el 27 de noviembre de 2004, unas 60.000 personas volvieron a las calles de Santa Cruz contra la construcción del puerto de Granadilla, convocadas por la Asamblea por Tenerife, agrupando esta vez otras numerosas reivindicaciones, que incluyen planes de carreteras y de expansión metropolitana rechazados por la población.
Así, al menos en Tenerife, la lucha contra estas infraestructuras en los últimos años ha ido acogiendo también en su radio de acción organizada otros conflictos vecinales actuales: contra las antenas de telefonía móvil y radares, contra las industrias contaminantes, contra los vertederos en parajes naturales, contra las obras de construcción de impacto irreversible en el paisaje, en playas y montañas, por la conservación del entorno de nuestra infancia, de nuestras fiestas populares, por el agua, por la calidad de la sanidad y la educación públicas...
Nos encontramos en un momento de transición política no porque existan estos conflictos colectivos, sino porque a través de ellos, conforme crecían en número e intensidad, sólo ahora se están articulando puntos de vista que interpretan lo que pasa de manera distinta, frente a las posiciones de quienes viven y participan de la estructura de dominación existente. Solamente cuando esa articulación de la realidad se ha separado de la visión convencional y ha comenzado a expresarse a través de nuevos actores y organizaciones surgidas de estos conflictos, puede decirse que hemos entrado en una etapa de transición. Sin embargo, todavía no se trata de bloques de opinión antagónicos ni masivos. Sólo son por ahora puntos de vista distintos, de manera que no hay garantías de que provoquen un cambio social y además el riesgo de que su expresión política, electoral e institucional reproduzca los vicios de las elites actuales y los partidos convencionales es todavía muy elevado.
Para que surja el antagonismo y la masividad que conducen el cambio social es necesario potenciar al máximo los canales de información, reflexión, análisis y elaboración política. La experiencia de la confluencia demuestra que ésta no funciona como dinamizador alternativo en la sociedad, ni siquiera electoral, si se constituye sólo como encuentro de intereses y partidos. Debe ser un encuentro de estrategias y líneas políticas que la sociedad pueda hacer suyas, independientemente de los procesos electorales.
La característica más visible del momento es la atención prestada a la gestión del medio ambiente en relación con la percepción de la propia calidad de vida. Pero, como intentaré explicar a continuación, la sensación colectiva de pérdida medioambiental tiene su raíz en la dependencia estructural de Canarias, que se ha incrementado en los últimos años a partir del sistema político y el modelo económico impuesto después de la Transición.
El pueblo, acorralado
En los años 80 y primeros 90, la expansión turística era selectiva en algunos puntos de litoral de algunas islas, y se mantenía casi siempre lejos de las zonas dormitorio. Entre otras consecuencias, también las reivindicaciones medioambientales se hallaban lejos del horizonte cotidiano e inmediato de las y los vecinos de los barrios urbanos y localidades rurales.
Nuevas barriadas se habían levantado fuera de toda normativa o planificación urbanística orbitando los núcleos de la economía de servicios y la construcción. Como un territorio fragmentado en islas hace más rápido el impacto social de la degradación del medio ante el avance de actividades intensivas en suelo, tras cada nueva recesión turística el límite de expansión de las actividades especulativas se acercaba más a las populosas periferias donde viven decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, mediante la conurbación en torno a las principales vías de comunicación.
Esta voraz expansión sin parangón es ahora visible para las y los vecinos. La protección de los espacios naturales está a las puertas del barrio y en la propia localidad. El proceso de concentración de la propiedad del suelo ha reducido las zonas públicas privatizables en el litoral, y ahora las inversiones se despliegan con afán expropiatorio sobre los territorios poblados y sus zonas circundantes. Grandes empresas, en connivencia con las autoridades municipales, aplican limpiamente sus planes sobre el espacio vital de decenas de miles de familias humildes, no sólo en el litoral, sino también en las áreas rurales, y en las ciudades.
Debido a que la mitad del territorio canario está protegido por distintas figuras legales, las oportunidades de inversión se extienden cada vez más sobre áreas habitadas por trabajadores y trabajadoras, explotaciones agrarias, barriadas populares y parajes de especial sensibilidad para la identidad comunitaria, en la periferia de los núcleos económicos que hasta su saturación eran preferentes para el movimiento de capitales.
La expansión de actividades económicas nocivas o destructivas se ha abalanzado sobre los barrios y pueblos de poblamiento disperso. Una vez saturadas las zonas de desarrollo turístico en el litoral, la especulación del suelo, las obras de infraestructura y los proyectos de servicios que llevan aparejados se han trasladado a las zonas urbanas y rurales ocupadas por la población local, a las zonas de esparcimiento o de valor etnográfico para la idiosincrasia isleña.
Los decretos y directrices de ordenación del Gobierno autonómico son indicativos del agotamiento de suelo urbanizable en las áreas de mayor valor añadido turístico por saturación urbanística y del descenso de calidad denunciados por los principales tour-operadores y la desestabilización del mercado del suelo por la Reserva de Inversiones de Canarias. En ciudades y localidades, ha comenzado así un nuevo auge de recalificaciones de terrenos para habilitar suelo de uso residencial, alimentando la espiral especulativa y la corrupción.
La moratoria gubernamental está teniendo un efecto directo en las presiones inmobiliarias para desplazar a la población de sus casas y espacios de esparcimiento con el fin de revalorizar el suelo en que viven y promover nuevas construcciones, ya que este marco regulador conduce a las empresas de construcción a mantener sus índices de rentabilidad a través de las promociones de viviendas y las infraestructuras públicas, destinando a ello una parte de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).
Estas intervenciones reguladoras no sólo desvían el flujo de inversiones hacia infraestructuras hoteleras, sino también limitan su aplicación en áreas saturadas con el fin de reproducir el suelo urbanizable en otras zonas mediante "frentes marítimos" y portuarios, instalaciones de turismo rural y zonas de uso industrial en las medianías, parques temáticos y campos de golf, infraestructuras viarias y de transporte. La generación y distribución de electricidad y de agua, como la ampliación de las instalaciones de puertos y aeropuertos y carreteras, son los cimientos que sostienen el crecimiento turístico en el Archipiélago. Esto convierte a algunas multinacionales y a las entidades financieras con mayoría en sus Consejos de Administración, en promotoras naturales de este modelo económico insostenible.
El debate acerca de la moratoria y las directrices de ordenación del turismo en Canarias, al igual que ya ocurriera con la elaboración de los planes insulares y municipales de ordenación, no ha frenado, e incluso ha incentivado, una auténtica depredación del territorio nutrida con inversiones privadas, pero también de manera significativa con fondos públicos y exenciones fiscales autonómicos, incentivos regionales del estado y fondos estructurales europeos.
El poblamiento rural disperso que salpica las medianías ha sido una consecuencia directa de esta especulación. Los precios que alcanza el suelo en las zonas urbanas expulsan a las familias humildes de pueblos y ciudades empujándolas a construir viviendas ilegales en terreno rústico. El pueblo canario es, en efecto, respecto al territorio, un pueblo de ilegales, hacinados en el litoral como campistas, en casas "garajeras", en "palomares" de azotea, en "cuartos de aperos". La legalidad está diseñada al servicio de grandes empresas y larvada de grandes sobornos, prevaricaciones y comisiones a representantes y funcionarios públicos. La especulación se ha socializado y es tan potente que, cuando se hacen concesiones dando facilidades legales a la ordenación de la urbanización en suelo rústico o de las viviendas irregulares, el suelo afectado acaba directamente en el mercado inmobiliario.
El triángulo de poder
La connivencia con la tupida trama de intereses empresariales ha minado la honestidad de muchos cargos de todos los partidos con poder de decisión en las instituciones de Canarias, que emplean el sistema representativo para mantener su posición social garantizando su lucro personal y el de sus patrocinadores.
Esta trama se ha ampliado y consolidado con la privatización de empresas y servicios públicos, creando una elite de grandes propietarios instalados mediante acuerdos políticos a través de sociedades de acciones. Los pactos políticos influyen en las principales empresas, las principales empresas en los pactos políticos.
Este tipo de acuerdos a espaldas del interés general y del control democrático se han extendido a compañías de "interés estratégico", a las uniones temporales de empresas que ejecutan los proyectos públicos de infraestructuras, a las Cajas de Ahorro, a las Autoridades Portuarias, a los medios de comunicación e incluso a los Clubes de Fútbol del Archipiélago.
A menor escala, las privatizaciones realizadas por Cabildos y Ayuntamientos están plagadas de irregularidades para favorecer intereses empresariales afines o familiares en una carrera por recortar el gasto público mediante la "gestión indirecta", la subcontratación y toda clase de facilidades a la penetración de la empresa privada en los servicios públicos esenciales. Incluidas la Sanidad y la Educación, cuyo deterioro es directamente proporcional a la implantación y los beneficios de centros médicos, clínicas, hospitales y centros educativos privados participados por responsables públicos o capitalistas con clara ascendencia política en las instituciones. Últimamente, esta situación se extiende también a las energías renovables.
El resultado de todo esto ha sido la creación de un triángulo de poder inaccesible por los medios democráticos existentes, cuyos vértices orgánicos y corporativos son las ejecutivas de los partidos convencionales con poder institucional, los consejos de administración de sociedades y grupos de empresas y los consejos de dirección de los principales diarios y programas informativos de radio y televisión.
Este triángulo de poder es el instrumento de dominación de una elite semicolonial, que ha pactado históricamente garantizar la españolidad de Canarias a cambio de un espacio concertado de gestión insular y cuyos mecanismos legales son hoy el Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Región Ultraperiférica en la Unión Europea.
El Estatuto de Autonomía ha establecido un sistema político basado en un régimen electoral que castiga el pluralismo y la proporcionalidad, concentra el poder en tres grandes partidos cuyos pactos y alternancia aburren al electorado y cercena la participación ciudadana en los asuntos públicos. La estructura administrativa del Archipiélago, lejos de ser autónoma, es cada vez más dependiente y sigue un esquema de descentralización institucional desprovista de las competencias fundamentales para hacer realidad la soberanía popular.
El Régimen Económico y Fiscal favorece la acumulación de las rentas de capital, carga la financiación pública en las rentas salariales y garantiza la exención de impuestos para las actividades de las grandes empresas. Invocando la lejanía y la insularidad, el REF facilita el enriquecimiento empresarial y mantiene al resto de la sociedad canaria en la precariedad económica necesaria para ejercer sobre ella un aplastante tutelaje. Las condiciones de vida y consumo de la clase media del Archipiélago dependen directamente de empleos públicos, ya que ésta no encuentra garantías en la economía privada debido a la enorme concentración de la riqueza en manos de una minoría.
El Estatuto de Región Ultraperiférica pretende insertar el modelo de dependencia consagrado por la Autonomía y el REF en la legislación europea, de manera que las empresas establecidas en Canarias continúen disfrutando de las ventajas económicas y fiscales y de los fondos estructurales con carácter permanente, en una economía extremadamente dependiente y con un modelo externalizado que consume las riquezas naturales de las Islas sin generar medios de producción endógenos y sostenibles.
Todo este sistema de relaciones de poder económico y dominación política impide a la sociedad canaria evitar la destrucción de la naturaleza, la ocupación extensiva y uso urbanístico del suelo, la sobrepoblación y el constante sometimiento a decisiones totalmente ajenas al control democrático, patrocinadas por grandes empresas y apoyadas desde las instituciones. Nos hallamos en un momento de transición porque este bloqueo impide una salida democrática a estas demandas, necesidades, valores y expectativas ciudadanas sin un enfrentamiento directo con quienes están unidos por el triángulo del poder, no por pertenecer a un partido, una empresa o un medio de comunicación determinado, sino a una misma estructura de dominación.
De los movimientos sociales al movimiento ciudadano
En los años 90 hablamos de movimientos sociales y participación comunitaria desde la posición del observador que lo concibe más como objeto de análisis que como sujeto de acción. Más allá de las definiciones, el problema principal era la desconexión, la ausencia de puentes de relación y de participación real en el movimiento ciudadano que estaba afluyendo en barrios y localidades repartidos por toda la geografía del Archipiélago.
El movimiento vecinal de autodefensa ambiental se ha puesto en marcha y ahora es necesario el apoyo, la potenciación y la coordinación con esta nueva ebullición social, que está cobrando unas dimensiones cada vez más nítidas, desconocidas desde la Transición.
En la teoría sociológica, los nuevos movimientos sociales se refieren al desmembramiento del movimiento obrero socialdemócrata y comunista después de la II Guerra Mundial en los países industriales avanzados, donde la revolución socialista no prosperó y evolucionaron democracias basadas en una economía de consumo de masas, una sociedad de clases medias y una política de reformas sociales.
El discurso predominante del proletariado y el movimiento obrero como sujetos generales de cambio social fue disgregándose en un grupo de movimientos que abordaban solamente determinadas parcelas de la acción colectiva: el movimiento por los derechos civiles y contra la guerra del Vietnam en EEUU y el movimiento feminista, antinuclear, estudiantil, pacifista y ecologista en Europa Occidental, son los referentes más destacados entre unos movimientos calificados como "nuevos" precisamente por haber sido concebidos como superadores -y separadores- del movimiento obrero.
En el estado español esta evolución sufrió durante cuarenta años la distorsión histórica del franquismo y la sociedad resultante va a expresarse a partir de 1975 combinando un discurso anacrónico remanente de la II República y la actividad clandestina del PCE con una adaptación y homologación rápida de las formas de acción colectiva existentes en el resto de Europa Occidental.
El gran dilemma de la Transición dependió en todo momento de la fortaleza y organización de un movimiento ciudadano diverso, plural y de amplia base estudiantil, obrera y vecinal principalmente. El "desencanto" es el resultado del encauzamiento que los dirigentes políticos y sindicales de la izquierda legalizada pactaron a cambio de que se les permitiera participar en un sistema político pseudodemocrático, ofreciendo a los reformistas del franquismo la desmovilización y desmoralización que necesitaban para prevalecer sobre las ansias de auténtico cambio social de cientos de miles de antifranquistas.
A principios de los años 80 se inició la decadencia del movimiento vecinal que, unido al movimiento obrero, había intervenido con gran ebullición durante la Transición. Muchos de sus cuadros se integraron en partidos e instituciones, convirtiéndose rápidamente en una casta burocrática dispuesta a usurpar los espacios de representación y participación ganados en las calles de los barrios con movilizaciones y asambleas, sustituidas convenientemente por reuniones a puerta cerrada.
Al analizar ese período que inicia la "crisis de los movimientos sociales" del antifranquismo, existe coincidencia en señalar la victoria del PSOE de 1982 como el comienzo de un movimiento descendente de profundización del "desencanto" comunitario. Al mismo tiempo que se extendía la burocratización y desmovilización de vecinos y trabajadores, otros movimientos, de nuevo tipo, hicieron aparición promovidos por la juventud estudiantil.
Tanto el movimiento ecologista fundado en pequeñas organizaciones locales que ocasionalmente se sumaban o restaban en plataformas y coordinadoras de territorialidad diversa, difundieron en los años 90 una cultura ambiental basada en la habilidad de jóvenes y estudiantes para plantear recursos y reclamaciones legales, iniciativas legislativas con campañas publicitarias, recogidas de firmas, concentraciones simbólicas más o menos minoritarias -con algunas excepciones-, y actividades de difusión como pequeñas revistas locales, ruedas de prensa y comunicados, jornadas y conferencias, acampadas, talleres... Esta es la experiencia, directa o indirecta, de casi todos nosotros.
Mientras tanto, el movimiento vecinal prácticamente desapareció o se convirtió en una sucesión de locales aburridos reconvertidos en cantinas donde algunos lugartenientes de los partidos electoralistas se apostaban y disputaban el control ciudadano en medio de un aletargamiento generalizado de la comunidad. La manipulación sistemática se dotó de estructuras de cooptación federal, se institucionalizó a través de un corporatismo directamente dirigido desde las ejecutivas de los partidos y las concejalías de los ayuntamientos, financiado mediante empleos y subvenciones discriminatorios de los rebeldes.
Así, entre 1979 -año de mayor actividad huelguística- y 1986 -año de la movilización contra la OTAN- los nuevos movimientos sociales hacen acto de aparición separados ya del movimiento obrero y de su variante urbana, el movimiento vecinal, unidos al movimiento estudiantil y con un discurso menos cliché, más autónomo y más pragmático.
Son "nuevos" no porque acaban de surgir de la nada, sino porque reivindican su propio espacio democrático y una nueva cultura alternativa a los esquemas de la izquierda comunista o socialdemócrata clásicas. En realidad, la "contracultura" no fue producida por la asimilación de la experiencia de la Transición en un sentido transformador o superador, sino por la debacle de la frustración del movimiento obrero y vecinal. Lógicamente, la huida hacia adelante ha intentado evitar cualquier parecido formal con sus premisas ideológicas.
La evolución en Canarias se diferenció del resto del estado únicamente por la existencia de un discurso transversal común a todas las formas de acción colectiva: el pronunciamiento acerca de la construcción nacional. No en vano, el principal articulador de los nuevos movimientos sociales en Canarias fue el nacionalismo de izquierdas, surgido esencialmente de aquel gran foco de politización y reunión interinsular que fue la Universidad de La Laguna.
Los NMS de Canarias tienen una orientación promotora, existen para mover a la gente, más como invitación a la participación que como participación efectiva. Mover gente, cuantitativamente hablando, se convirtió en la auténtica meta de las minorías activas. Después de una década, este discurso ha comenzado a sufrir cada vez más lagunas de significado para explicar qué estaba pasando en las Islas en el ámbito de unos NMS reducidos a minorías exiguas, grupúsculos desligados de la "participación ciudadana", a menudo usurpadores de esa etiqueta, especializados en la labor reivindicativa ilustrada, legal e informativa, pero fundamentalmente desconectados de cualquier forma de movimiento obrero y vecinal. Estas acciones minoritarias, testimoniales y, en cierto modo, cómodas y controladas, que se basaban en un mensaje unidireccional, dirigente, al pueblo, a la sociedad civil, que buscaba movilizar con la denuncia más que por la denuncia, quedaron desfasadas después del 23 de noviembre de 2002. A partir de esta fecha quedó claro que en Canarias entrábamos en un período de transición.
Más o menos a partir de 1997, la acción colectiva dejó de depender de las minorías que la protagonizaban, organizaban o apoyaban hasta entonces. De manera paciente y sostenida, primero aisladas y salteadas en el espacio y en el tiempo, luego más coincidentes y constantes, aparecieron movilizaciones autoorganizadas y, sólo colateralmente, influenciadas o relacionadas con el concepto de NMS, fuera también de las redes tradicionales de las minorías de raíz estudiantil.
Así comienza a resurgir un nuevo movimiento vecinal que tiende a romper las ataduras y dependencias con los representantes municipales y políticos, claramente compinchados con las grandes empresas constructoras, comerciales o turísticas, que no puede creer las mentiras de los medios de comunicación y de quienes han ocupado sus cargos en asociaciones y federaciones en función de las prebendas, los enchufes y los favores del cacique local de turno.
Actúan fuera de sindicatos o grupos ecologistas y, aunque se sustancian en asociaciones vecinales, tampoco se ajustan al asociacionismo aherrojado por el control partidista e institucional.
Este nuevo movimiento ciudadano se está expandiendo en todas las islas a la misma velocidad que la depredación especulativa sobre los espacios que le quedan a la comunidad. Es la expresión de madurez de la crisis social de un modelo de desarrollo insostenible.
Ha habido una desconexión ideológica con este fenómeno que impide ver el carácter innovador y decisivo de la nueva ebullición ambientalista del movimiento vecinal, capaz de romper con un sentido de simple supervivencia las sofisticadas formas de manipulación generadas durante los últimos veinte años desde instituciones y partidos.
Las explicaciones sociológicas de la desconexión existente en Canarias entre la acción colectiva vecinal de carácter puntual en barrios y localidades y los grupos de izquierda organizados no sirven por sí solas para reconstruir el nexo popular con la política: para lograrlo hay que esforzarse y trabajar directamente con los vecinos sin asumir una posición endogámica, prestando una ayuda concreta a los vecinos, reuniéndose con ellos en sus locales para tratar sus asuntos.
En estas reivindicaciones de autodefensa no predomina la cultura ambiental como objeto de difusión y organización, sino la acción directa para impedir sobre el terreno la expropiación de amplios colectivos de ciudadanos y ciudadanas. En esa urgencia, a la vez que ya no pueden continuar sojuzgados por el viejo modelo de asociaciones y federaciones de vecinos, tampoco se sienten representados por personas inexpertas en el trabajo comunitario directo, prolongado e ingrato.
Es verdad que no se puede hacer una disección exacta afirmando que este particular movimiento ciudadano no tiene nada que ver con lo que ha existido hasta ahora. Existe una trayectoria, una continuidad. Aunque no es un NMS ni por definición ni por su novedad, sí son nuevas las condiciones que lo han dinamizado provocando la movilización de trabajadores en su condición de vecinos y configurando quizá una nueva etapa histórica en que grandes grupos de la sociedad canaria, de extracción obrera, actúan como un pueblo que toma la iniciativa por su tierra, sus derechos o su dignidad.
Las y los vecinos necesitan organizarse de nuevo, dotarse de medios de autodefensa, buscar asesores que comprendan la urgencia e intervengan para impedir o, cuando menos, frenar la expropiación de espacios comunitarios y, sobre todo, movilizarse colectivamente, logrando una unidad que sólo es posible desde una democracia participativa así reencontrada o reinventada.
Movimiento ciudadano y participación electoral
Esta fuerza colectiva proyecta nueva luz sobre la importancia de la política, de la presencia institucional, de los recursos económicos para sostener luchas prolongadas y de los medios de comunicación alternativos de ámbito local. Las movilizaciones puntuales de vecinos en toda Canarias son fisuras en el triángulo del poder.
Hoy en Canarias algunos indicadores recuerdan la decadencia del franquismo y las aspiraciones de ruptura de aquellos años. E igual que entonces, alcanzar cuotas institucionales a través de las elecciones no es la vía para provocar el cambio democrático. La Transición demuestra que fue exactamente al contrario: la participación electoral fue un instrumento fundamental para impedir la superación del franquismo minando toda la potencia de ruptura de la movilización por la base.
Al igual que en la Transición de los años 70, la función de los grupos de izquierdas en esta transición isleña es ampliar esas fisuras a una ruptura radical de todas las formas de dependencia y crear un marco democrático propio de liberación social.
Para no repetir el ciclo iniciado en la Transición, la izquierda alternativa necesita comprender el origen de este concreto sistema político que aspira a cambiar, ya que las razones por las que presentarse a unas elecciones no cambia nada sustancial son estructurales, provienen de cómo y por qué se hizo la Transición, y no dependen tanto de la oferta política de los partidos, sino de un complejo burocrático paraestatal y corporativista que sólo se puede derrotar si se mantiene y potencia un movimiento ciudadano autónomo en el que las organizaciones políticas son necesarias, pero deben sentirse obligadas, ser "conducidas" a ir más allá de sus expectativas electorales, en lugar de condenar la movilización sujetándose al pragmatismo de partido, que es el reflejo político e ideológico del desencanto y la burocratización.
Que el poder popular está en la movilización y no en las elecciones, en el movimiento ciudadano y no en el partido, lo demuestran los pobres resultados electorales de la izquierda alternativa y su escasa militancia, una situación que no se supera jugando con las reglas del sistema de 1978, sino creando nuevas reglas a través de la acción social colectiva que anuncien un sistema alternativo sin "representantes" que puedan ser cooptados por el poder. Si la participación electoral no tiene claro este horizonte estratégico, el resultado será el desengaño masivo, porque un mecanismo no se rompe convirtiéndose en un engranaje.
Pero también, la aspiración estratégica del movimiento ciudadano de Canarias no puede ser la preservación por la preservación, ni la oposición por la oposición: se basa en la experiencia cotidiana de que, después de veinte años de institucionalidad autonómica y de nuevo régimen local, es difícil creer que en el actual marco jurídico-administrativo y político-económico de las Islas se puedan resolver satisfactoriamente los problemas medioambientales y de calidad de vida generados por la hipertrofia de un modelo de desarrollo basado en el intercambio desigual, dependiente y totalmente externalizado.
En el actual marco constitucional y estatutario, los problemas ecológicos y sociales derivados de este modelo no solo no se han resuelto, sino que probablemente se agravarán indefinidamente. Por ello, aunque al igual que el movimiento ecologista se basa en acciones puntuales muy pegadas de la realidad cotidiana más inmediata -y en este sentido se trata de movimientos complementarios-, es necesario concebir esas luchas espontáneas como escuelas de experiencia donde el pueblo se educa a sí mismo en la idea de prepararse para un cambio social más profundo y radical del estatus jurídico, administrativo, político y económico vigente.
Para este movimiento ciudadano de Canarias, en definitiva, la práctica colectiva de construcción de una comunidad a través de luchas puntuales y sus efectos sociales liberadores durante el proceso de autoorganización son más importantes que sus resultados. Y más importantes que los resultados electorales, que debieran ser solamente su expresión y no su vocación.
El pueblo no gana nada al conseguir que el poder económico o político establecido le haga temporalmente concesiones aisladas y parciales mientras continúa la dinámica de dominación y destrucción a medio y largo plazo, sino al tomar consciencia de su propio poder comunal durante cada acción colectiva puntual, y al ir acumulándolo en el tiempo a través de su capacidad para reunirse y proponerse su propia liberación.
Las y los ciudadanos no se emancipan al lograr sus objetivos, sino al atreverse a pensar, a actuar y a luchar juntos por alcanzarlos. Lo puedo decir más alto, pero no más claro.
