Hijo

       Cuando la gente no aguantó más y se lanzó a la calle en defensa de Vilaflor, cuando Asamblea por Tenerife germinaba cada noviembre con cada antisocial Plan de Ordenación, con cada macabro-obra; cuando escasas pero brillantes personalidades de la universidad demostraron que el puerto de Granadilla era una aberración, y su desarrollista modelo, un crimen, Coalición Canaria y allegados sacaron el manual del pícaro construgobernante y arremetieron contra la multitud hastiada al grito de golpistas civiles, terroristas sociales, exterminadores de la burguesía, saboteadores mediáticos y no se sabe cuántas cosas más. Desataron una campaña brutal en la que destacaron, por la virulencia de sus insultos y desmedido furor, Miguel Zerolo y su compinche en asuntos portuarios-filatélicos, Luis Suárez Trenor.

         Ahora sus medios y sus prosélitos más ultras -Andrés Chaves, Artiles, Vargas y cía.-, en la línea de favorecer veredictos absolutorios, despotrican contra el pérfido canarión acusándolo de instrumentalizar la justicia. Resulta cuando menos ridículo que estos diletantes del escarnio y la amenaza, de la intimidación y la coerción, se encumbren como los defensores de la presunción de inocencia. Alcaldes, concejales y parlamentarios han sido señalados y perseguidos por estos inefables plumillas hasta que, de la noche a la mañana, dejaban de ser diana de sus dardos envenenados. Hay quien dice que la afiliación o aproximación a un determinado partido eximía al politiquillo, o también que la contratación de publicidad, institucional o no, los alejaba por un tiempo de protagonizar algún escándalo mediático.

        Este gran hermano ultraperiférico ha decidido “salvar” a un prepotente Zerolo que, a pesar de sus cuitas judiciales, mantiene chulescas intenciones de seguir en la Alcaldía, mientras deja a su suerte a la desdichada Herminia Gil -la genuina asesora urbanística- y al presidente de la asociación de vecinos implicado. La clave es Miguel Zerolo, debe dimitir pero no lo hará; Paulino Rivero, que jura y perjura patéticamente que su partido no tiene nada que ver con la trincadera, sólo lo aparta de la carrera por la alcaldía y lo coloca en un cómodo sillón del parlamento a la sombra de su ofensiva condición de aforado. Su segura caída será una “demolición controlada”, una deconstrucción programada para el reencuentro (CC-PSOE) tras las elecciones de mayo, olvidado ya Zerolo tras la definitiva estocada de Las Teresitas.

        A pesar de la dichosa presunción de inocencia que rara vez tienen los que no tienen nada, la alegría, disimulada o no, revolotea sobre los que no esperamos nada bueno de este elitista estado de derecho. Los casos de corrupción que jalonan el devenir democrático de Canarias han sido innumerables, algunos espectaculares; muchos han sido encapsulados en comisiones de investigación para aislarlos de los ciudadanos y desvirtuar, así, el verdadero y necesario control democrático. CC, PP y Psoe han decidido sepultar bajo una capa de impunidad los desmanes en el Icfem, Tindaya, Puerto Marena, Tormenta Delta… Sólo así, bajo esa impunidad pactada, se entiende que Dimas Martín sea el único cargo público condenado a penas de cárcel. El que la Justicia vea indicios de corrupción en la actuación de Miguel Zerolo y Suárez Trenor -cohecho, prevaricación, tráfico de información privilegiada, etc.- tiene mucho que ver con las movilizaciones de los tinerfeños en torno a un cuerpo de reivindicaciones históricas defendidas en la calle y aborrecidas en el Parlamento. La lucha está en la calle, no lo olvidemos.

La orquesta sinfónica de los medios de comunicación afines a CC ha encontrado en el pérfido y canarión ministro de justicia, el blanco de su diana para salvar del chaparrón social al alcalde santacrucero, Miguel Zerolo; involucrado junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Suárez Trenor, en un supuesto delito de cohecho. La pluma envenenada de los profesionales del escarnio y la amenaza ,-Andres Chávez, Artiles, Vargas y cía- se erigen ahora - recuerda nuestro colaborador Ramón Afonso - en paladines de la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando la gente no aguantó más y se echó a la calle por Vilaflor y Granadilla, a estos fieles escuderos del poder del dinero les faltó tiempo para estigmatizarlos como "terroristas sociales" y "golpistas civiles".