No es ingenua la afirmación de que para acabar eficazmente con la conflictividad social o la delincuencia el procedimiento idóneo es el uso de la represión. Según esta tesis, las sociedades más pertrechadas de mecanismos de esas características serían las más seguras. A mayor represión, más "seguridad", dicen los numerosos partidarios de la propuesta. Las estadísticas son, sin embargo, contundentes en el sentido contrario. Estados Unidos, por ejemplo, es un país en el que abundan los instrumentos de carácter coercitivo. Podría decirse incluso, sin temor de que a estas alturas nadie se escandalice, que el aparato de Estado de ese país es uno de los más represivos de todo el planeta. Múltiples ejemplos ponen de manifiesto que esta tipificación no es injusta: la utilización regular de la pena de muerte como argumento de persuasión frente al delito; un rigurosísimo sistema penitenciario, donde el reo no es un sujeto a recuperar para la vida social sino que es convertido en un rehén del Estado; un sofisticado sistema de control electrónico de la conducta y la comunicación de los ciudadanos; una estructura judicial orientada fundamentalmente hacia la sanción de los individuos pertenecientes a las clases sociales y minorías étnicas consideradas más "peligrosas"… El peso de ese enorme aparato de represión institucional no es una novedad para nadie. Se ve reflejado con cierta fidelidad en la cinematografía y la literatura norteamericanas. Incluso su propia producción televisiva es un elocuente espejo de esta realidad. Si atendemos a los resultados del arquetipo estadounidense será preciso reconocer que la represión y el control no hacen a una sociedad "más segura".
La afirmación que sostiene lo contrario, responde a una concepción conservadora acerca de cómo debe organizarse la sociedad. Es parte consustancial de un patrón ideológico derechista del que, a menudo, participan también quienes en cualquier momento pueden convertirse en sus víctimas.
Viene todo esto a propósito del proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. de instalar un sistema de cámaras, que monitorice la actividad de los ciudadanos, en los sectores urbanos próximos al parque de Santa Catalina. No es un proyecto nuevo. Nos lo han ido dosificando poco a poco. Primero se instalaron unas cámaras controladoras en la Avenida marítima con la finalidad de hacer un seguimiento - decían - del tráfico rodado. Los ciudadanos no parecieron poner inconvenientes porque, ya se sabe, controlar el fluido del trafico urbano es una cosa bien importante. Luego los bancos y entidades privadas trataron de proteger el acceso a sus fachadas con cámaras que cubrían todo el ángulo de las mismas. Tampoco esta intrusión de los monitores pareció inquietar a nadie porque, al fin y al cabo, era una cosa de los bancos, aunque todos corriéramos el peligro de quedar fotografiados, si al pasar acompañados de nuestra respectiva pareja se nos ocurría hacerle una inocente carantoña.
Ahora, según la inefable alcaldesa popular Josefa Luzardo, se trataría de cubrir las calles "más conflictivas". En esta ocasión tampoco son escasas las personas que piensan que tal medida no les afecta. Ellos no son delincuentes -razonan- ni "sujetos perseguibles". De tal manera que esa graduada aceptación colectiva termina estableciendo una cierta complicidad entre algunos sectores sociales y quienes desean estrechar los márgenes de libertad de los propios ciudadanos. Más temprano que tarde, la red monitora de control seguirá extendiendo progresivamente sus tentáculos a lo largo de toda la ciudad, y la seguridad pasará a ser una estricta cuestión de cámaras. Esta predicción no es una elucubración descabellada que surja de la imaginación de quien esto escribe. En Gran Bretaña han sido los socialdemócratas los encargados de poner en marcha el experimento. Si usted visita el barrio londinense de Newham, debería tener en cuenta que no tendrá ninguna posibilidad de pasar desapercibido. Trescientas cámaras callejeras le vigilaran en esta comunidad de 240.000 habitantes -mayoritariamente extranjeros- convertida, por arte de Tony Blair, en un gigantesco escenario del programa "Gran Hermano". Hay numerosos ejemplos que muestran que la tendencia, en todos los países del llamado 'mundo libre', va en esta misma dirección. Aquella terrorífica ciudad orweliana, que los patrocinadores de la guerra fría nos dibujaban como patrimonio de los comunistas, ya la tenemos encima. Sin que nadie se escandalice, sin que nadie pierda el sueño. Imperceptiblemente. La aceptación de los ciudadanos es uno de los requisitos imprescindibles para que el Big Brother pueda funcionar con eficacia.
Y, sin embargo, la 'seguridad', es decir, el hecho de que no seamos asaltados por la calle, de que no se atente contra nuestra integridad física, de que nuestra libertad no se vea coartada por otros, no ha estado nunca en relación directamente proporcional a el número de cárceles, el aumento de las plantillas de policías y la cantidad de cuarteles de la guardia civil, o la promulgación de leyes punitivas. Si se desea, realmente, encontrar explicaciones a los factores que provocan nuestra inseguridad, es preciso orientar nuestras pesquisas hacia otras áreas, muy distintas a las que los poderes públicos indican como causa de los males sociales. Nuestras angustiadas dudas en torno a la seguridad encontrarían respuestas más satisfactorias si comenzásemos a interrogarnos acerca de la relación existente entre la criminalidad y el hecho de que miles de jóvenes canarios no dispongan de un trabajo fijo; entre las conductas agresivas y el rotundo fracaso de nuestro sistema educativo; entre el tráfico de drogas y la calidad de vida en los barrios periféricos de la ciudad de Las Palmas; entre los robos y asaltos y los niveles salariales más bajos de todo el Estado… Pese a la evidente relación que existe entre estas realidades sociales no pocos ciudadanos son incapaces de apercibirse de ella. Diríase que una especie de "tic autoritario" se dispara automáticamente entre nosotros a la hora de atribuir la responsabilidad de la criminalidad. El poder es consciente de ese mecanismo, y contribuye a que funcione haciendo cundir la alarma. Un arquetípico ejemplo de lo que decimos lo podemos encontrar en las campañas del Delegado del Gobierno del PSOE, Sr. Segura Clavell, que desempeña el ridículo papel de eficaz guardia de la porra, con la vista puesta en las próximas elecciones
Quien hoy se empeña en monitorizar nuestras vidas - la alcaldesa popular del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.- dispone de algunos elementos familiares que confirman lo que decimos. La ilustrísima presidente del consistorio capitalino tiene un primo que cumple condena en la prisión de "Salto del Negro", de Gran Canaria. Se trata, al parecer, de un buen muchacho, pero al que tocó la "desgracia" de nacer y criarse -a diferencia de su distinguida prima - en uno de las zonas más deprimidas de la periferia de Las Palmas, la barriada de Zárate. Pese a que el chico consumía parte de su tiempo en la práctica de nuestro deporte vernáculo de la lucha, la presión del medio, los bajos niveles culturales del barrio, las pandillas y el brillo del dinero fácil, lo convirtieron en un activo traficante de drogas. Los jóvenes vecinos de un barrio con las características de Zárate, no tienen la posibilidad de "escoger" libremente una opción de de futuro. Cuando la vida los obliga a "elegir", sus preferencias están siempre condicionadas por los múltiples factores ambientales que los rodean. El joven Adolfo González, hijo de un modesto taxista, no contó con las mismas oportunidades que el entorno le ofreció a su prima. La sociedad colocó en manos de este joven casi todos los boletos de una fatal lotería. No es una casualidad que muchos de los jóvenes de esta barriada terminen dando con sus huesos en las cárceles. Y Adolfo, con apenas treinta años, ha emprendido su vida de adulto viviendo una experiencia que seguramente determinará toda su vida.
La suerte de su pariente, Josefa Luzardo, fue bien diferente. Ella no era vecina de los suburbios. Pudo estudiar la carrera de Derecho. Se codeó con lo más granado de la burguesía de la capital Gran Canaria. Sus relaciones la convirtieron, con tan solo 20 años, en una flamante dirigente de Alianza Popular, aquella primigenia organización parafascista de Manuel Fraga, el ex ministro de Francisco Franco. No se puede decir, pues, que las vidas de ambos primos hayan sido precisamente paralelas. Cada uno de ellos tuvo lo que el medio en el que crecieron les proporcionó. La suerte de ambos estuvo desde el principio casi echada y el desenlace era previsible. No es la genética ni la mala voluntad de los individuos la que determina que la gente "escoja" la criminalidad. Tampoco van a ser las cámaras quienes terminen con ella. ¿Qué razones tendrá el poder para querer hacernos creer lo contrario?
