El consejero delegado de una de las cinco empresas que aspiran a controlar el 96.4% de las acciones de Emmasa, afirma que la decisión de privatizar esa empresa "no se ha adoptado por razones técnicas o económicas, sino que se parte de un planteamiento político". Efectivamente, las autoridades de Santa Cruz de Tenerife se proponen privatizar la empresa pública de abastecimiento del agua, durante veinticinco años, porque consideran que la gestión mejorará automáticamente, ya que "la experiencia lo demuestra de manera fehaciente". Asimismo, añade Guillermo Núñez, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento santacrucero, los ingresos que reporte la privatización permitirán a la corporación "acometer un ambicioso plan de inversiones", en el cual destacan "las obras en los barrios".
Es evidente que la cantidad mínima de 60.2 millones de euros, ofrecida por las empresas que aspiran a controlar Emmasa, permitiría afrontar las inversiones previstas. Sin embargo, también es evidente que la empresa que se gaste esos 60.2 millones de euros tendrá que recuperarlos en la factura del agua. O sea, no se trata de un regalo a la ciudadanía santacrucera, sino de un "préstamo" que la empresa beneficiaria de la privatización hará al municipio, para luego recuperarlo en el recibo del agua. Estamos ante una decisión económica importante y, por ello, debió haberse incluido en el programa electoral del grupo de gobierno municipal. Como no se ha hecho así, lo democráticamente lógico sería convocar un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el asunto.
En realidad, la evidencia empírica no demuestra que la privatización del abastecimiento del agua conlleve automáticamente una mejora del servicio. Para empezar, será inevitable el incremento del precio del agua, que ya en Canarias es la más cara de España. Aumentará el precio para amortizar la inversión de la compra y para mejorar los beneficios, como sucede en otros lugares. Por ejemplo, en Francia, en 1999, las tarifas del agua gestionadas por empresas privadas o mixtas eran un 13% más altas que las gestionadas directamente por los ayuntamientos. En Gran Bretaña, los precios del agua privatizada crecieron un 55%, en el período 1990-1994, al tiempo que aumentaban los cortes del suministro por impago, las pérdidas de agua en las tuberías y los beneficios de las empresas del sector.
La idea de que el sector privado funciona mejor que el público no la sostiene ni una institución tan comprometida con las privatizaciones como lo es la OCDE. En un estudio sobre la evolución de las economías de sus países miembros, a lo largo de veintidós años, esa organización concluía que "no hay relación entre el tamaño del sector público y el rendimiento económico reflejado en los tipos de crecimiento del PIB, ni entre el crecimiento del sector público y los tipos de inflación". Está claro que hay empresas públicas y privadas que funcionan bien y otras que lo hacen mal. Pero la razón del buen o mal funcionamiento no se halla en la titularidad de las empresas.
Sin embargo, sí hay una razón para preferir la propiedad pública en el caso de empresas que gestionan recursos naturales. Esa razón consiste en que, dado el objetivo lógico de la empresa privada de acrecentar sus beneficios, la privatización incentiva el despilfarro de recursos escasos. Es decir, a una empresa privada le irá mejor si vende más agua o más energía, pero a la sociedad le irá mejor si se ahorra más agua y más energía. La lógica de lo socialmente deseable encaja mejor con la titularidad pública de la gestión de los recursos naturales.
También debemos entender que el sector privado juega un papel importante en la economía y que debe hacerlo junto a un sector público robusto, si de verdad queremos alcanzar niveles elevados de bienestar. El sector público posee un elevado potencial para crear empleo de calidad y convertirse en referente del sector privado. Uno de los problemas de la realidad laboral española consiste en que somos el país de la Europa de los Quince (con similar nivel de renta) con menor porcentaje de empleo público -17.6% frente a la media del 26.1%-, y ello explica que estemos entre los estados con mayor proporción de empleos de baja remuneración. La reducción de los niveles de empleo público tiende a degradar el mercado laboral. Este es uno de los motivos por los que no debemos privatizar empleos públicos.
Es importante que la ciudadanía considere lo que supone el sobredimensionamiento del sector privado. Por ejemplo, el caso de la sanidad estadounidense debiera hacernos comprender el insustituible papel del sector público en la salud. El gasto por persona en sanidad de los Estados Unidos es el más alto del mundo. Y, sin embargo, su sistema sanitario privado deja sin cobertura médica a 46 millones de personas y permite que veinticinco países tengan una tasa de mortalidad infantil menor que la del país más rico del mundo. Si estos datos fueran producto de una sanidad pública se pediría su inmediata privatización. Sin embargo, el razonamiento inverso nunca se hace.
En nuestro país se privatizaron cuarenta y cinco empresas, entre 1996 y 2003, una cada dos meses, e innegablemente ello consolidó nuestra posición como tercer país más desigual de la Europa de los Quince. Esas empresas públicas podrían haber aportado sus beneficios al Estado para así contribuir al desarrollo de las muy deficientes políticas de bienestar españolas. Pero se prefirió que los beneficios de tales empresas incrementaran los abultados ingresos de quienes tenían capacidad para comprarlas.
También ha habido ocasiones en las que ha empeorado el servicio: las empresas aéreas que unen Canarias y la Península suprimieron las comidas a bordo para competir entre ellas. ¿Mereció la pena vender Iberia en 180.000 millones de las antiguas pesetas, cuando un año antes fue valorada en 454.000 millones? ¿Qué mejoras se han llevado a cabo? Más de un año después de la privatización, el sindicato de pilotos denunció ante Aviación Civil la "insólita" situación de los jumbos de Iberia que, en menos de cuatro meses, sufrieron doce paradas de motor. ¿Qué decir de la renacionalización de Railtrack en Gran Bretaña? En 2001, el Estado británico recuperó la empresa ferroviaria privatizada, después de varios accidentes mortales causados por el deficiente mantenimiento de la red ferroviaria, y ante una deuda que presagiaba la quiebra. Había llegado el momento de socializar las pérdidas, tras haber privatizado los beneficios.
La cuestión de las privatizaciones debe meditarse y debatirse públicamente. ¿Por qué renunciar a nuestro patrimonio público? ¿Cuál es el límite de lo privatizable? ¿Y si dividiéramos en "parcelas" nuestras aguas territoriales, privatizáramos su explotación y exigiéramos a los pescadores el pago de un canon? ¿Llegará el día en que esto no nos parezca absurdo? Hay muchas razones para que el asunto de la privatización de Emmasa se debata públicamente y se someta a referéndum. Todavía estamos a tiempo.
*Ramón Trujillo, es Coordinador Insular de Izquierda Unida en la Isla de Tenerife
