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        En la madrugada del 3 de julio, cuatro personas –tres según fuentes oficiales– morían tiroteadas al intentar saltar la valla fronteriza melillense, y siete resultaban gravemente heridas. Y esto en plena preparación de la Cumbre de Rabat, el 10 y 11 de julio, sobre control de los flujos migratorios. El salto coincide también con la publicación de datos escalofriantes: el 29 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, cifraba en más de 3.000 muertos las víctimas, en siete meses, de – un genocidio de proporciones incalculables– que se produce entre las costas africanas y las de Canarias. Días más tarde, eran recuperados 26 cadáveres de las costas de El Aaiún, en el Sáhara, víctimas del naufragio de una patera.

         Los intentos de cruce de las vallas fronterizas, a finales del verano pasado, saldados con 14 muertes de inmigrantes aún sin investigar, tuvieron como consecuencia, además de la construcción de una nueva valla y un despliegue militar y policial aún más fuerte, el cierre aparente de esa entrada para los migrantes.

         Por ello, el intento de salto de primeros de julio ha vuelto a situar esta frontera en primera plana. Según José Palazón, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), de Melilla: “En las provincias de Nador y de Udla, es decir, en todo el norte del Marruecos occidental, no llegaba a haber antes de esta última entrada más de 150 subsaharianos. Es poquísimo. En el bosque alrededor de Melilla, habría unos 70. No se puede hablar de que haya aumentado la cantidad de gente esperando para saltar”.

           Sobre estas últimas muertes, Palazón no deja de preguntarse cómo es posible que un grupo de casi 50 personas pueda acercarse a la valla sin ser detectado antes “con toda la vigilancia que hay a ambos lados. Incluso con la cantidad de confidentes que hay infiltrados en los grupos de subsaharianos en territorio marroquí. Por el número de gente que participó, lo inoportuno del momento y la dificultad del salto, visto el despliegue de seguridad (hay miles de soldados marroquíes vigilando la valla), éste era un salto de poquísima envergadura, sin trascendencia, pero con unos resultados que generan alarma social. Resultan cuatro inmigrantes muertos, y siete heridos graves”.

         Pero, paradójicamente, este intento no sorprende. Para José “hay una extraña coincidencia entre estos tiroteos y las reuniones hispano marroquíes. Cada vez que hay una cumbre, cada vez que se quiere llamar la atención, un día o dos antes hay un salto, y matan a gente. Malditas las coincidencias en las que muere la gente. En cuanto a las vallas, la realidad es que es una maquina de matar, aunque sólo sea por uno de sus componentes más peligrosos, del que no se habla nunca, el ejército marroquí. En esta ocasión, el ejército marroquí ha usado balas explosivas. Uno de los chavales ha muerto de eso: el tiro le entró por el glúteo y le destrozó el hígado. Tenía esquirlas en toda la parte superior del cuerpo. Esta munición está prohibida por un sinfín de convenios internacionales. Se fusila a la gente en la frontera”. Pese a ello, las autoridades españolas no han reaccionado, según resalta Prodein. “El silencio es absoluto, se escudan en que Marruecos es un país soberano y que los hechos se dan en su territorio. Es una hipocresía que se aplique una política de muerte, de fusilamientos en la valla, y que nuestras autoridades digan que no tienen ninguna responsabilidad, si es la UE y el Gobierno español quienes las financian”.

        Tres días después de estas muertes, el Gobierno español concedía a Marruecos una subvención de 10 millones de euros para reforzar el control de la inmigración.

         Lo mismo apuntan varias asociaciones y ONGs andaluzas, melillenses y de Nador, que en un reciente comunicado denunciaron que “Marruecos no duda en emplear fuego real de forma cotidiana contra los inmigrantes, ante la pasividad y la complicidad del Gobierno español y de la UE”. También destacaron “que estos hechos se producen en vísperas de la cumbre euroafricana en Rabat (...) que lo único que pretende es presionar a los Gobiernos africanos, que finalmente utilizarán la emigración como mercancía”. En ese sentido, el aviso lanzado en vísperas de la cumbre por el Gobierno senegalés de que hay 15.000 cayucos en sus costas, y alertando de la creciente llegada de subsaharianos de países vecinos, es vista como una petición indirecta de más fondos.

         De Diagonal