Un nuevo caso de corrupción conocido como el "caso Megaturbinas" o "Concurso eólico" tienen que añadir los canarios a los ya famosos "casos" Floreal, Tindaya, Icfem, Jinámar, La Favorita, Casinos de Las Palmas, Aeromédica. En todos ellos se ha jugado con información privilegiada, se han manejado dineros públicos, han existido comisiones y comisionistas, cuentas en paraísos fiscales, empresa y empresarios, políticos inculpados, incluso alguno -Dimas Martín- recientemente condenado y en prisión. También el Concurso eólico ha contado con todos estos aditamentos -30 millones en comisiones, alguna cuenta en Luxemburgo, directores generales, alcaldes, concejales, empresas y empresarios, pero si algo singulariza este caso es que se puede apreciar con total nitidez cómo la corrupción contamina todos los estamentos del Estado de Derecho. ¡Qué diría Montesquieu ante tanto despotismo!
El poder judicial
Las escuchas telefónicas autorizadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parragón, en unas investigaciones judiciales sobre el supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, captaron accidentalmente unas conversaciones entre el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Martín Martín, con Julio Bornia Bordón y Wilebaldo Luis Yanes, amigo del magistrado que hizo de intermediario. José Antonio Martín Martín había absuelto a Julio Bornia de un delito de narcotráfico en 2004 y ahora éste solicitaba al magistrado ayuda para la excarcelación de su hermano, Rafael Bornia, actualmente en prisión preventiva por narcotráfico y blanqueo de capitales.
El 18 de enero de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó abrir diligencias previas para investigar la supuesta comisión de hechos delictivos por parte del presidente de la Audiencia de Las Palmas y también representante en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial cesó al magistrado Martín sustituyéndolo provisionalmente Ángel Montesdeoca. Según el diario La Provincia, en las presuntas irregularidades se aprecian indicios de varios delitos, entre ellos los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios
Al mismo tiempo, Nereo Martín -hijo del magistrado destituido-, Wilebaldo Yanes y José luis Suárez -hijo del presidente de la Cámara de Comercio de las Palmas- forman parte del equipo directivo de la empresa Siemenca que está siendo investigada por un supuesto trato de favor de la Consejería de Industria en el concurso eólico. La investigación policial sobre dichas irregularidades condujo a este episodio de corrupción judicial.
El poder ejecutivo
Al concurso de asignación de potencia eólica convocado por el Gobierno de Canarias, recientemente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debido a un error de forma, se presentaron más de 400 solicitudes desde ayuntamientos, cabildos y mancomunidades, a empresas privadas o públicas. Pero las reglas del juego no fueron iguales para todos pues la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, gobernada por el PP en la persona de Luis Soria, decidió que así fuera. Las irregularidades administrativas, los tratos de favor y la transmisión de información privilegiada fueron una constante.
Ya en noviembre de 2004 Francisco Cabrera, gerente de Promoción Internacional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, acusó al presidente de la entidad, José Manuel Arnáiz, de practicar "tráfico de influencias" en relación con la explotación eólica del muelle de Arinaga. Cabrera, también consejero de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga SA, participada tanto por el Cabildo de Gran Canaria como por el Gobierno de Canarias, denunció que Arnáiz había transmitido información privilegiada - ideas y proyectos de la pública Megaturbinas- a las sociedades controladas, entre otros, por los empresarios Javier Esquivel, Germán Suárez y Eustasio López. La renuncia de Megaturbinas -empresa controlada por los hermanos Soria y el PP- al negocio de la energía eólica propició que Promotora de Recursos Eólicos SL, creada por los citados empresarios en mayo de 2003 para la administración de fincas rústicas con 3.000 euros de capital social y sin empleados, solicitara suelo en Arinaga, Puerto del Rosario y Arrecife para la instalación de aerogeneradores. Dada su nula capacidad técnica ésta debía actuar amparada en Servicios de Proyectos Avanzados S.A. (SPA), empresa de gran prestigio en el sector y muy vinculada al Ministerio de Defensa. Pero SPA, huyendo del escándalo, abandonó el proyecto dejando a tan ilustres empresarios fuera del negocio, por el momento. En esas mismas fechas Luis Soria llegó a declarar en el Parlamento que Megaturbinas de Arinaga SA no contaba en su objeto social con la posibilidad de afrontar el negocio del Parque eólico puesto que había sido creada para promover proyectos de I+D. Sin embargo, en el Registro Mercantil se constata que fue creada precisamente para "el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica".
Por otro lado, el ex gerente de la empresa Siemenca SL -Alberto Santana- en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2005 contra Celso Perdomo, Wilebaldo Luis Yanes y José Miguel Suárez Gil por "presunta corrupción y asociación mafiosa" aportó pruebas documentales que demuestran que a mediados de 2004 y desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias se habían enviado correos electrónicos a los dirigentes de Siemenca, Wilebaldo Yanes (amigo del magistrado Antonio Martín) y Daniel Fernández de Salamanca, con información privilegiada acerca del futuro decreto del concurso eólico. El remitente de los e-mail donde se filtraron hasta tres borradores del decreto era Celso Perdomo, Director General de Industria. Al parecer, estos correos electrónicos han sido borrados, no obstante, el periódico digital Canarias Ahora.com publicó el contenido del enviado el sábado 7 de agosto de 2004 desde la cuenta de correo celso.perdomogonzalez@gobiernodecanarias.org que incluye una relación de terrenos de la compañía Vientos del Atlántico, creada por el Gobierno de Canarias para el negocio eólico, además de un listado donde figuran los números de teléfono móviles y fijos de Nolasco Pérez , Antonio Calcines y Manuel Godoy, alcaldes de Fuencaliente (La Palma), Agaete y Gáldar (Gran Canaria) respectivamente; Manuel Hernández, concejal de Ingenio, y el diputado y concejal de San Bartolomé (Lanzarote), Cándido Reguera, todos ligados al Partido Popular. En la lista de contactos para gestionar la compra de los terrenos privados aptos para instalar aerogeneradores en Gran Canaria también figuraban Agello Sulas, José Artiles, Antonio Rodríguez Suárez, Anastasio Molina y Jorge Manrique de Lara, Manuel Vega también para Lanzarote y Fuerteventura, y Vicente Álvarez Gil, ex consejero del Cabildo de Tenerife por el PP, para Tenerife y Fuerteventura.
Siemenca no ha concurrido al concurso eólico pero sí Recursos Renovables de Canarias, empresa administrada por Daniel Fernández de Salamanca, uno de los destinatarios de los correos electrónicos enviados desde la Consejería de Industria. A juicio del diputado del PSOE, Blas Trujillo, la presunta corrupción en el concurso eólico también tiene relación con las irregularidades detectadas en las elecciones de la Cámara de Comercio de Las Palmas. José Mújica informaba en Canarias 7 el 22 de enero pasado sobre las estrechas relaciones que mantenían el presidente de la Cámara y un grupo de empresas en las que también aparecen como titulares o administradores Wilebaldo Yanes y Nereo Martín, hijo del magistrado José A. Martín, y que forman parte de las 75 sociedades que un grupo de empresarios contrarios a la reelección de Suárez Gil ha denunciado por considerar que están fraudulentamente inscritas en el censo electoral
La electricidad producida por las turbinas tiene un coste aproximado de 3 veces el de la energía convencional y por ello se ha articulado una batería de incentivos -ventajas fiscales, subvenciones, precios de venta garantizados, etc.- tan espectaculares que el rendimiento neto de cada molino de 2,5 MW se cifra en 600.000 euros al año-. El deterioro medioambiental y paisajístico que produce se enmascara entre la buena prensa que tiene la utilización de energías renovables. Conocedor de lo rentable del negocio, el Poder Ejecutivo, a través de la Consejería de Industria durante la etapa de Luis Soria, no sólo transfirió información privilegiada a Siemenca sino que articuló toda la estrategia a seguir para conseguir que un determinado grupo de empresarios se hiciera con el rentable negocio de la energía eólica en Canarias diseñando además un protocolo de cómo, cuando, quién, a quién, etc. se debía contactar.
El poder legislativo
Mientras el Parlamento de Canarias impidió la legítima participación ciudadana en el control democrático de la acción del Gobierno de Canarias al rechazar la discusión de la ILP sobre el Puerto de Granadilla solicitada por más de 50.000 canarios, estos días se agolpan en los registros de la Cámara hasta tres comisiones de investigación en un acto de cinismo democrático inaudito. A la ya configurada "Comisión Delta" se le ha unido otra para dilucidar las responsabilidades de Luis Soria y el PP en el "Concurso eólico", y a ésta otra para esclarecer el papel de un Director General del Tesoro cuando Adán Martín era Consejero de Economía, el denominado "Caso Amorós".
El PP, tan pérfido como siempre, no ha dudado ni un instante en transformar el control político de la acción del Gobierno de Canarias en un vodevil de chantajes y traiciones ante lo que considera un ataque de su ex socio y en defensa de sus figuras mas señeras, los hermanos Soria. Por su parte, Coalición Canaria (CC) pretende convertir las huestes de José Manuel Soria en las únicas culpables de tan desastrosa y putrefacta vida política, aparentando inocencia cuando fue un gobierno presidido por este mismo partido, siendo presidente Román Rodríguez y Adán Martín Vicepresidente y Consejero de Economía, quien propuso el manido concurso. Lo mismo se pretende con la Comisión Delta culpando sólo a Endesa-Unelco. La utilización torticera de las comisiones parlamentarias de investigación cuyo referente más cercano es la del Caso Tindaya, donde el informe de la misma fue rechazado con tres votos tránsfugas del PP, produce el efecto contrario al que supuestamente se persigue: el esclarecimiento de los hechos. Esta perversión parlamentaria no es sino la continuación de las componendas político-empresariales existentes y la expresión más palpable de la "omertá" entre los clanes políticos que gobiernan estas islas. Al PSC le han dejado, de momento, el papel de triste comentarista de hechos consumados, "mucho nos tememos que funcione la ley del silencio" han declarado.
La corrupción no es un defecto del sistema, no son episodios aislados en un mar de parabienes. La corrupción no hace saltar las alarmas del capitalismo, es su sustancia en cualquier fase de su desarrollo. Las sucesivas reformas laborales, los medicamentazos y los decretazos corrompen la justicia social. Las privatizaciones, las ventajas fiscales a empresarios corrompen el principio de igualdad que rige teóricamente todas las constituciones burguesas. La ley electoral Canaria y sus topes corrompen la democracia.
