EL EJECUTIVO ZAPATERO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL POR LA VENTA DE ARMAS A MARRUECOS

     Seis organizaciones jurídicas y sociales de defensa de los Derechos Humanos presentaron este miércoles 30 de junio, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, una denuncia contra el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero por la venta de armas a Marruecos. El pasado mes de abril, cursaban otra denuncia por la vía administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, solicitando que se paralizase la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico español al reino alauita. Para estas organizaciones - entre las que se encuentra la Asociación de Familiares de Presos y Detenidos Saharauis, la Asociación pro derechos humanos de España y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (*) - dicha exportación de armamento al reino alauita contraviene flagrantemente la normativa española, Ley 53/2007, y la normativa europea, Posición Común 2008/944/PESC.

           La "Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso" determina, en su artículo 8, que las autorizaciones de exportación de armamento militar español deberán denegarse en aquellos casos en que éste pueda ser "empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, o ser utilizados con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos". Supuestos que, según todos los organismos internacionales de defensa de los DD.HH., están presentes en Marruecos y especialmente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, dada la represión sistemática que ejerce la monarquía aluita sobre el pueblo saharaui.

         El Ministerio de Industria español (MTIYC) reaccionaba ante esta iniciativa civil, negándose a tramitar la denuncia y aduciendo como justificación para ello la supuesta "falta de legitimación de las entidades solicitantes", así como el "carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso". Para el Gobierno español, los denunciantes no tenían la condición de "interesados", a pesar de que entre ellos se encuentran los familiares de los presos políticos saharauis.

       Tras conocer esta respuesta, las organizaciones denunciantes manifestaron públicamente cuál sería su siguiente paso. "La indiferencia, desinterés real o cerrazón de la Administración española al mantener la postura seguida en las autorizaciones de transferencia de armamento al Reino de Marruecos nos obligan a plantearnos el análisis y estudio legal de la respuesta dada, para ejercitar las acciones legales oportunas ante los Juzgados y Tribunales competentes".

         Esta respuesta, finalmente, se ha concretado en un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Secretaría de Estado de Comercio, que intentó paralizar la denuncia presentada ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para frenar las autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos. Tras el acto legal, juristas y víctimas explicaron a la prensa los extremos de este recurso que lleva al Gobierno español ante los tribunales.

         Estuvieron presentes en este acto, entre otros, el joven saharaui Ibrahím Husain Abait, que perdió en 2009 una pierna tras la explosión de una mina antipersona; Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y abogado de la acción popular y de la acusación particular en la querella por el genocidio contra el pueblo del Sahara Occidental; la letrada grancanaria Inés Miranda -Premio Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA)-, directora de IAJUWS y conocida popularmente por ser la representante legal de Aminatou Haidar; y Luis Mangrané Cuevas, jurista del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y experto en estas cuestiones.

"Una manera de visualizar la complicidad de España en el genocidio saharaui"

        "Sería ingenuo pensar que la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del franquismo, se va a pronunciar en contra del Gobierno español en un asunto de estas características - aseguró a Canarias-semanal un curtido activista canario integrado en colectivos de solidaridad con el Sáhara -. "Pero, aunque la justicia para los saharauis no vaya a llegar como un regalo de los tribunales españoles - añadió este activista - no hay que restarle valor a la iniciativa. Si se logra publicitar lo suficiente, puede ser una buena manera de que la gente empiece a visualizar la complicidad de los sucesivos gobiernos de España en la represión que viene sufriendo este pueblo por parte de Marruecos. De que se empiece a conocer más como el gobierno de la 'Alianza de las Civilizaciones' apoya la ocupación del sáhara y lleva años armando a una monarquía feudal".

(*) Organizaciones denunciantes: Asociación de Familiares de presos y Detenidos Saharauis ((AFAPREDESA), Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (AJUWS), Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE); Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU).